Telecomunicaciones: “Macri eliminó por Decreto la función social del Estado”.
A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri para eliminar la Ley que obliga al Gobierno nacional a crear una Red Gubernamental de Servicios de Telecomunicaciones, el candidato a gobernador por el Frente Justicialista Pampeano volvió a marcar las diferencias entre el Gobierno provincial y las políticas de Cambiemos, “le entregan el patrimonio nacional a los privados para que hagan negocios”, sostuvo.
En ese marco consideró que lo que no pudo lograr en el Congreso hoy lo fuerza mediante el Decreto. Cabe destacar que el principal objetivo de la Red Gubernamental de Servicios de Telecomunicaciones es desarrollar la industria de las comunicaciones, reducir le brecha digital y sumar a las cooperativas al mercado de la telefonía celular. También la creación de una red de seguridad pública, para entrelazar los servicios de defensa civil, policía y bomberos organismos. Además, el artículo 11 de la Ley 27.208 protegía no solo la industria satelital nacional sino que también otorgaba derechos sobre el servicio de comunicaciones a los estados provinciales y las cooperativas.
Si bien se establece que el 20 % del espectro se asigna a las cooperativas y operadores locales de todo el país, el dato relevante está en que el 80 % quedará en manos de los grandes grupos económicos, que de ninguna manera resignarán ganancias al momento de contemplar prestar servicios en localidades alejadas o con escaza población.
De por sí, estas bandas de frecuencia 4 G son una de las herramientas indispensables para la creación de la Empresa Provincial de Telecomunicaciones. Desde el momento en que se puso en debate la denominada “Ley Corta”, Ziliotto viene advirtiendo la intención del Gobierno nacional de dejar en manos privadas el espectro de las telecomunicaciones, “eliminando la función social del Estado y dejando todo librado a que sea el mercado el que resuelva”.
“Sabemos –agregó- que las grandes empresas van a dedicar todo su esfuerzo donde el negocio es mayor, donde la densidad poblacional les garantice ganancias suculentas, dejando de lado al resto de la población”, advirtió en su momento Zilioto.
La ley 27.208 asignaba bandas de frecuencia para que se desarrolle una Red Gubernamental de servicios de telecomunicaciones, con objetivos claros. Esta reserva preferencial de las bandas de frecuencia constituía “un instrumento para el desarrollo de la industria nacional de las telecomunicaciones”, buscando “la reducción de la brecha digital geográfica en todo el país con cobertura en zonas geográficas, económica o socialmente excluidas, sin servicio o con servicio deficiente” a través de la “posibilidad de ingreso de nuevos actores social al mercado de la telefonía celular (Cooperativas, SAPEM)”.
“Las comunicaciones son un recurso estratégico y el rol de ARSAT y las provincias es fundamental”, señaló Ziliotto, quien también recordó que “en los últimos años las empresas estatales provinciales, las cooperativas y las PyMEs han sido sistemáticamente marginadas. Este decreto vulnera nuevamente el federalismo en el país y tendrá problemas de constitucionalidad porque atribuir bandas de frecuencia a las empresas de telefonía móvil es potestad del Congreso”.
“Es imperioso resguardar los objetivos previstos en la Ley 27.208, no permitir que se anulen vía decreto, porque se estarían cercenando derechos de los argentinos como es el acceso a la salud vía la telemedicina, o a la educación a distancia, entre otras posibilidades que facilitan las redes de comunicación”.