Luego del anuncio del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sobre la firma de un contrato por 1.023 millones de dólares para continuar con la obra de Portezuelo del Viento, las críticas no se hicieron esperar del lado pampenao, afectado por dicha obra y con antecedentes que comprueban el desmanejo del agua que hace la provincia vecina, con la complicidad de Nación.
Una vez más, Macri y Mendoza juegan en contra de los intereses de los pampeanos, con una obra que claramente tiene intereses económicos y empresariales, ya que no generará la energía que dice va a generar y que cuesta tres veces lo que un parque eólico, para generar los mismos megabatios.
Consultado al respecto el procurador general de Rentas de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, afirmó: «Confirmamos lo que representa el desprecio del Estado Nacional en su actitud con La Pampa, que no ejecuta el pago de una deuda que tiene con nuestra provincia, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, por 4.000 millones de pesos y, en cambio, nos enteramos por boca de Cornejo que el presidente de la Nación dispone 1.023 millones de dólares para que Mendoza empiece una obra que está observada y cuestionada por nuestra provincia. Que además cuenta con un pedido de laudo presidencial que ya vemos desacreditado en esta actitud arbitraria y soberbia. Es una obscenidad política que no solo debería sorprendernos a nosotros como pampeanos sino que tendría que convertirse en un escándalo nacional porque entendemos que representa el adelanto del resultado del laudo presidencial, pedido por instrucción del gobernador Verna. Mendoza busca transformar esta obra en un proyecto netamente provincial para escapar a los controles de COIRCO; y evidencia que además de mentirosos se están convirtiendo en tramposos con el beneplácito de la figura del presidente Macri, quien parece estar consintiendo a la máxima autoridad nacional del Partido Radical –Cornejo- como devolución del favor por su silencio y condescendencia para aceptar la fórmula presidencial que acaba de imponerle».
«Sí debemos decir que en cuanto Mendoza resuelva el llamado a licitación lo vamos a impugnar judicialmente, porque sabemos que el derecho nos asiste y tenemos la claridad jurídica y la responsabilidad política para que esto se detenga», añadió el procurador.