Tras la denuncia del empresario Daniel Vila sobre las denuncias que el Estado Nacional puso en su contra, el diputado nacional y gobernador electo de La Pampa, Sergio Ziliotto, aseguró que los manejos arbitrarios en la asignación de frecuencias 4 G «confirman que no nos equivocamos al frenar en Diputados la llamada Ley Corta”, a lo que agregó, al igual que lo hizo en el Congreso, que «Macri quería para sus amigos las frecuencias 4 G que por Ley 27.208 deben destinarse a achicar la brecha digital en el país”.
“De por sí, estas bandas de frecuencia 4 G son una de las herramientas indispensables para la creación de la Empresa Provincial de Telecomunicaciones. Tras ese objetivo es que estamos creando Empatel, nuestra empresa provincial de telecomunicaciones”, continuó Ziliotto, quien fue uno de los principales actores en el freno que le puso el Congreso al intento del gobierno nacional de avanzar en el traspaso a manos privadas y monopólicas del espectro de las telecomunicaciones, “eliminando la función social del Estado y dejando todo librado a que sea el mercado el que resuelva las posibilidades de acceso a las comunicaciones de todos los argentinos”.
Cabe recordar que en 2014, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner licitó el espectro radioeléctrico con el objetivo de mejorar las comunicaciones en el país reservando una porción para un nuevo operador. Tras un largo proceso administrativo en el que quedaron en el camino dos oferentes, se adjudicó ese segmento de las comunicaciones a la empresa Arlink que nunca pagó el canon de 506 millones de dólares al que se había comprometido, y la adjudicación quedó sin efecto.
Esta situación impulsó la ley de Desarrollo de la Industria Satelital, que en su artículo 11 previó reservar para Arsat las bandas de frecuencias que habían sido asignadas originariamente a Arlink, quien accionó judicialmente para bloquear esta posibilidad.
Tras una serie de recursos judiciales Arlink devolvió las frecuencias y el espectro volvió a Arsat a través de la ley 27.208 de 2015; años más tarde -en enero de 2019-, el gobierno de Mauricio Macri se lo sacó a la empresa estatal a través del DNU 58/19, para licitarlo. Ese DNU fue votado en contra por la comisión bicameral en el Congreso Nacional.
En aquel momento Ziliotto expresó su rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el gobierno nacional modificó el artículo 11 de la Ley 27.208, que protegía no solo la industria satelital nacional sino que además otorgaba derechos sobre el servicio de comunicaciones a los estados provinciales y las cooperativas.
Sostuvo en este sentido que es “imperioso resguardar los objetivos previstos en la Ley 27.208, no permitir que se anulen vía decreto, porque se estarían cercenando derechos de los argentinos como es el acceso a la salud vía la telemedicina, o a la educación a distancia, entre otras posibilidades que facilitan las redes de comunicación”.
“Hoy queda manifiestamente demostrado el interés del gobierno de Mauricio Macri por ayudar a sus amigos económicos, especialmente Clarín, avanzando tanto sobre los bienes de otros privados, como los del Estado, incluso rayando lo ilegal. Es aquí donde el Gobierno de La Pampa debe seguir defendiendo los intereses del Estado provincial y de las cooperativas, para obtener el espectro radioeléctrico que necesita y le corresponde, para poder cimentar Empatel y llevar conectividad a toda la provincia”, concluyó.