El Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que las penas de prisión no pueden empezar a ejecutarse antes de agotar todos los recursos legales, algo que posibilitaría la liberación inmediata del ex presidente de ese país.
Lula está preso desde abril de 2018, más por una cuestión política que la propia acusación de corrupción, que aún no tiene sentencia firme ya que fue confirmada sólo en segunda instancia, algo que claramente no encuadra en lo aprobado ayer por la Justicia brasileña.
Hoy sus abogados pidieron la inmediata liberación.