Ante los hechos acaecidos en la vecina provincia de Mendoza, respecto de la modificación realizada a la Ley 7722, el diputado nacional, Hernán Pérez Araujo, realizó una serie de consideraciones sobre una nueva actitud autoritaria del Gobierno de Mendoza.
En primer término, vale aclarar que la redacción original de la Ley, sancionada en el año 2007, prohibía el uso de cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en la minería, es decir en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo. Dicha prohibición se realizó, según la propia norma lo indica, a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico.
«Los pampeanos hemos padecido durante décadas lo que para la provincia de Mendoza significa esa tutela del recurso hídrico, su recurso hídrico, apropiado y utilizado a su antojo en claro desmedro de quienes estamos aguas abajo en los ríos interprovinciales. En la nueva redacción de la ley, recientemente modificada, sólo se bloquea la utilización del mercurio, y desaparece la exigencia de aprobar por ley las declaraciones de impacto ambiental, que hacían las veces de salvaguarda de los recursos naturales, en especial el recurso hídrico, tan caro a los intereses mendocinos», consideró.
Se sigue manteniendo una terminología que no es la adecuada desde el punto de vista ambiental, aunque paradójicamente se hable de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, «con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, sigue limitando, fiel al estilo de los sucesivos gobiernos de Mendoza, su accionar al ámbito territorial de su geografía, desoyendo y soslayando por completo los intereses de los habitantes de toda la región.
Cabe preguntarse, en esta instancia y celebrando las espontáneas y multitudinarias movilizaciones de la sociedad civil en contra de la modificación de la Ley, sancionada y promulgada hace unos días, si es que podemos mensurar el daño que la posible utilización de sustancias tóxicas que ahora podrían utilizarse ocasionaría, y, de ser ello posible, compararlo cuantitativa y cualitativamente con el daño ocasionado por el accionar unilateral, arbitrario e inconsulto de la provincia de Mendoza en el noroeste de la provincia de La Pampa».
De ser ello posible, y lo es, ¿se plegarían las multitudes movilizadas, y los actores políticos y sociales que se han manifestado al fin a favor del ambiente, a nuestro reclamo pampeano por la recuperación del río Atuel y por el otorgamiento de un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema en el noroeste de La Pampa?, se preguntó el legislador.
Ante tamaña movilización el Gobierno de Mendoza, encabezado por el gobernador Suárez, a quien como a su antecesor, Alfredo Cornejo, poco y nada les interesa el ambiente, ha anunciado la suspensión de la modificación de la Ley 7722, cuando en realidad solo se ha dilatado en el tiempo su reglamentación. La Ley está vigente y pareciera ser que no hay intenciones de derogarla, única manera de dejarla sin efecto. En su lugar convocarían a una mesa de diálogo, a la que seguramente no estaremos invitados los pampeanos, convidados de piedra y arena una vez más hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el caudal reclamado.
Desde La Pampa entendemos que el ambiente es uno, que es un concepto que debemos interpretar como transfronterizo, independiente de los límites geográficos y políticos que se le han impuesto antojadizamente. Debe además mirarse, para su debida sustentabilidad, con una mirada ecocéntrica, que ya no tenga al hombre como sujeto exclusivo de la apropiación de los recursos, sino al ambiente como sujeto mismo, al que debemos preservar.
Con esa mirada, tenemos la obligación de no ser imparciales, y de sumarnos al reclamo por el ambiente que vienen llevando adelante muchos de nuestros hermanos mendocinos, y actores políticos y sociales de todo nuestro país. Debemos además invitarlos, y porque no conminarlos, a que en dicho reclamo se incluya el de toda una provincia por la recuperación de un río que ha sido extirpado de su territorio, el río Atuel, que también es pampeano», concluyó.