Ziliotto junto a otros 18 gobernadores elevaron su reclamo a la Corte Suprema por la Coparticipación. Oportunamente un decreto de Macri benefició con recursos a Capital Federal, municipio que concentra gran parte de la riqueza a partir de subsidios desde el interior.
Tras la reunión con autoridades nacionales y sus pares provinciales, el mandatario pampeano expresó: “Hoy, 19 provincias pedimos a la Corte Suprema (de Justicia de la Nación) que garantice un federalismo justo y equitativo. Sólo un fallo en tal sentido pondrá fin a una decisión unitaria y contraria a la Constitución Nacional”.
Los gobernadores elevaron una nota al máximo órgano judicial reclamando que no haga lugar a la acción judicial interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, a través de decretos dictados en la gestión de Mauricio Macri, “vio incrementada en forma desmesurada la distribución de recursos” en desmedro de las provincias argentinas.
Los mandatarios coincidieron en que la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 es producto de un proceso político-jurídico complejo del que surgen los porcentuales de distribución que corresponden a cada distrito, dentro de los cuales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de su autonomía percibía un 1,4 %.
Recuerdan que durante la presidencia de Mauricio Macri, por decreto y omitiendo la intervención del Congreso de la Nación -establecida en el artículo 75 inciso 2, párrafo 5°, donde explícitamente se prevé su intervención para aprobar transferencias de competencias, servicios o funciones y la reasignación de recursos-, se elevó el porcentaje que recibe CABA a 3,75 % sin justificar los motivos de ese beneficio extraordinario.
Los gobernadores entienden que el aumento del índice coparticipable a CABA surgió de una “decisión unilateral y desproporcionada” y se constituyó en una “verdadera violación del federalismo” que vino a romper “el equilibrio existente entre las jurisdicciones”, además de “desconocer los procedimientos previstos en la Constitución Nacional”.
En este sentido, afirmaron que “se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”, otorgando a CABA “una posición relativa de fortaleza presupuestaria y fiscal en comparación con la mayoría de las provincias argentinas”.
Asimismo, entienden que si el máximo órgano judicial de la Argentina convalida la decisión tomada durante el gobierno de Mauricio Macri se sentaría “un precedente de graves consecuencias para el federalismo”, y se consolidaría “un paradigma de desigualdad que desde el 10 de diciembre de 2019 se intenta revertir con el accionar coordinado entre los gobiernos provinciales y nacional”.