Tras la fuerte suba de precios, los ajustes y notable pérdida del poder adquisitivo de la enorme mayoría de argentinas y argentinos, y en el marco de una marcha por los incidentes ocurridos en diciembre de 2001, el Gobierno de la Nación montó un verdadero espectáculo que roza la inconstitucionalidad.
Previo a informar las medidas pactadas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, hoy fuerzas federales (unos 7500 efectivos junto a Policía de la Ciudad de Buenos Aires) persiguieron a quienes se manifestaran ejerciendo un derecho constitucional como es la marcha por los 22 años del estallido de 2001, con miles de heridos y varias personas fallecidas.
Bullrich y Javier Milei siguieron desde Jefatura de Policía las acciones a través de las cámaras de seguridad y transmisiones televisivas, mostrándose a través de sus redes sociales y canales oficiales esta especie de «control» sobre quienes se movilizaban; aún peor fue el accionar de la policía (cumpliendo ordenes), que filmó, pidió información y hasta hizo bajar a quienes se trasladaban a la concentración.
Lejos de cumplir con las promesas de campaña el gobierno se confundió de casta y en lugar de tocar el bolsillo de la casta política una vez más al costo de las erróneas decisiones lo paga el pueblo.