La norma pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Plantea reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
Así, el presidente de la Nación continúa incumpliendo lo prometido en campaña y profundiza la crisis social en nombre de «la libertad de los argentinos».
Cambios en la movilidad jubilatoria, en las elecciones, penas para quienes se movilicen, privatización de empresas con mayoría estatal, blanqueo de capitales, son algunos de los puntos que nuclea el documento.