Esta tarde, en conferencia de prensa el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, informó que enviará a la Legislatura Provincial dos proyectos de Ley que buscan paliar la crisis generada por las políticas nacionales. Asegurar la alimentación en las 80 localidades pampeanas y la continuidad de la obra pública son los ejes fundamentales.
Cabe destacar que las medidas serán por 6 meses, por eso el carácter de extraordinarias, en las que se espera recaudar unos 10 mil millones de pesos.
Aclarando que no se trata de un impuesto, ya que no perdurará en el tiempo, el mandatario pampeano explicó que el presupuesto provincial ya tiene 10 mil millones de pesos para atender la cuestión alimentaria pero la fuerte suba en los precios y la necesidad en más familias requieren de estas medidas.
En cuanto al aporte, lo harán unas 4000 personas, el sector financiero, salarios más altos de la administración pública, propietarios de más de 5 o más inmuebles y de autos «de alta gama» (de más de 40 millones de pesos), dejando en claro que no alcanza a quienes utilizan -por ejemplo- camionetas para la producción.
El monto para asistir a los sectores más vulnerables, de acuerdo a la presentación del gobernador, se dará por:
1) Afectación específica de importes discrecionales que se les otorgaba hasta el momento a las 80 municipalidades y comisiones de fomento.
2) Un aporte extraordinario, por única vez, para los sectores de mayor patrimonio. Eso se logrará a través de la implementación de los siguientes puntos:
a) Una mayor tasa, por seis meses, de Ingresos Brutos del sistema financiero.
b) Un aporte extraordinario para los que tienen cinco o más inmuebles urbanos, o la valuación fiscal de sus inmuebles supere los 50 millones de pesos. Se excluye a los inmuebles rurales.
c) Un aporte extraordinario para los vehículos de alta gama, que tengan un valor a enero de 2024 superior a los 40 millones de pesos. Los vehículos destinados a la producción no están incluidos en este aporte.
d) Un aporte extraordinario para los altos salarios públicos. Cada poder -es decir, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo- deberá determinar la cuantía desde el cual se hará el aporte.