Finalmente y tras igualar los votos en el Recinto fue la vicepresidenta Victoria Villarruel quien definió la aprobación de la Ley de Bases, un triunfo para el Gobierno que encabeza Javier Milei con una iniciativa que comenzó con 600 artículos y culminó con alrededor de 200.
En el medio hubo aprietes, ofrecimiento de cargos, negociaciones con gobernadores por deudas y/o recursos para los Estados provinciales que están asfixiados por la quita de fondos que por Ley corresponden pero, ¿Quién se hará cargo de lo que genere esta aprobación?
Claro está que, como es habitual que ocurra sobre todo con dirigentes de la UCR y el PRO, a los que en esta oportunidad se sumaron varios que entraron por el Kirchnerismo, muchos criticaron los alcances de esta Ley de Bases pero después la acompañaron con su voto.
La dirigencia política hace rato que no está a la altura de las circunstancias y priorizan un bienestar personal por sobre los intereses no solo de quienes los votan para ocupar esos lugares sino fundamentalmente de todo el pueblo argentino, que sufre con medidas de ajuste y se acostumbra a resignar derechos que costaron mucho conseguir.
Será la política, la Justicia y/o principalmente la sociedad la que determine cómo actuar con quienes son cómplices de la entrega de los recursos nacionales, con la pérdida de los puestos de trabajo, con el cierre de las PyMEs, con el hambre y la falta de inversión.
Solo el tiempo será testigo de lo que ocurra en una Argentina cada vez más dividida, con una nueva grieta en la que parece más importante justificar un voto (por odio, por no dar el brazo a torcer o por el simple hartazgo de las mismas caras de siempre) que pensar en el bien común, todo impuesto por sistemas que siguen beneficiando a la denominada «casta», que sigue firme en lugares de privilegio mientras el pueblo paga sus errores, y a unos pocos (intereses extranjeros y grupos económicos) que siguen incrementando sus patrimonios sin poner nada a cambio.
Por Federico Gómez