El Poder Judicial, en la mayoría de los países del Mundo, se transformó en una casta intocable, con beneficios únicos y puestos a dedo, por los políticos de turno. Funcionales al poder económico, actúan de manera diferente según el caso o la persona en cuestión.
«Este lunes entró en vigor la reforma al Poder Judicial e inició el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. Es oficial: el primero de junio de 2025 el pueblo de México elegirá a ministros, magistrados y jueces. La ciudadanía recupera un derecho del que había sido despojada y que ahora le es reconocido a nivel constitucional, para que nadie se atreva a arrebatárselo nuevamente», cuenta Israel Guzmán, en El Universal.
Antes del próximo lunes, el Consejo General del INE deberá tener su primera sesión y ese día iniciará la Etapa de Preparación de la Elección Extraordinaria de 2025. Por su parte, el Senado de la República deberá emitir la convocatoria para integrar los listados de aspirantes a ministros, magistrados y jueces antes del 16 de octubre de este año. Asimismo, el Congreso de la Unión deberá hacer las adecuaciones a las leyes reglamentarias antes del 15 de diciembre, y los congresos locales tendrán hasta el 15 de marzo de 2025 para modificar la legislación local y adecuarla a la reforma constitucional.
El día primero de junio de 2025 habrá elecciones de ministros, magistrados y jueces. Las impugnaciones se resolverán antes del 28 de agosto del mismo año, para que el primero de septiembre rindan protesta quienes ganen en las elecciones, y el Órgano de Administración Judicial tendrá 15 días para asignarles su adscripción.
En ese contexto, Guzmán agrega que: «La derecha antidemocrática, amante del intervencionismo extranjero y ahora hasta violenta, que se ve reflejada en el 25% de los legisladores que han votado en contra de la reforma en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, insiste en imponer su voluntad frente a la de la mayoría representada por el 75% de legisladores que han votado a favor. En una exhibición de influyentismo y complicidad, utilizan a una jueza y jueces de distrito, elegidos de manera poco transparente por un Consejo de la Judicatura muy cuestionado, para emitir suspensiones absurdas, improcedentes, inconstitucionales e ilegales, con el fin de arrebatar el derecho de las y los mexicanos a elegir a los ministros, magistrados y jueces que les es reivindicado con la reforma.
La derecha derrotada y desesperada no frenará la implementación de la reforma, ni tampoco lo lograrán sus cómplices del Poder Judicial, porque el motor que la impulsa es el pueblo de México».