Este 20 de septiembre se conmemora en todo el país el Día del Jubilado, sector severamente afectado por las políticas nacionales que decidió salir a la calle para protestar contra un presidente que solo ha empeorado su calidad de vida.
Jubilaciones miserables, recorte en alimentos y medicamentos, el riesgo de las cajas previsionales, represión y un abandono total de un Gobierno que hasta los clasificó como «viejos meados».
Nada que festejar: Documento de jubilados
Los jubilados y jubiladas de diferentes agrupaciones de todo el país emitieron un comunicado para expresar que en este 20 de septiembre no hay “nada que festejar”. El texto comienza explicando que “En el día de los jubilados y de las jubiladas no hay nada que festejar. Somos el sector más castigado por el ajuste brutal de Milei Caputo, nuestros ingresos han sido licuados y la mayoría de nosotras y nosotros estamos bajo el índice de indigencia, mientras los senadores y funcionarios se aumentan sus ingresos a cifras millonarias, nosotros y nosotras no podemos ni cubrir la canasta alimentaria” y continúa detallando la realidad que padecen con la modificación en el vademécum de medicamentos de Pami, el significado del veto a la ley de movilidad jubilatoria y la represión que sufrieron en las últimas movilizaciones. Firmado en Mar del Plata el 9 de septiembre y con múltiples adhesiones el comunicado finaliza con palabras contundentes: “Por todo esto, el 20 de setiembre, en nuestro día, decidimos salir a la calle y junto al conjunto de los trabajadores y la comunidad en general decir ¡Basta!”.
Historia
El 20 de septiembre de 1904, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, tuvo lugar la sanción de la ley N° 4.349. Esta reconocía el beneficio previsional para los empleados públicos de la Nación, funcionarios y agentes civiles, y el derecho de acceder a un sistema de aportes jubilatorios. Así se creó un fondo que contribuiría para el momento del retiro y les concedería una suma fija por mes a percibir.
Ese mismo año se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles que beneficiaba a trabajadores del estado y del sector ferrocarril. Años más tarde, se extendió a otros gremios y actividades como fueron bancarios, obreros, periodistas, entre otros.
Desde aquella ley de 1904 hasta hoy han transcurrido 120 años y el sistema jubilatorio ha sufrido diversas modificaciones. Tuvimos un sistema de reparto a través del cual empresas como los trabajadores realizarían aportes, los cuales serían destinados a las jubilaciones. Estos haberes serían abonados entonces, gracias a estas sumas y a otros fondos obtenidos mediante impuestos y el acceso definido del Tesoro Nacional. Años después, en 1994, durante la presidencia de Carlos Menem se llevó a cabo la reforma previsional que dio lugar al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), que permitía a las empresas privadas, llamadas Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), gestionar los fondos provenientes de los aportes jubilatorios. Ya en 2008, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se sancionó la Ley 26. 425, que reestatizó estos fondos con la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino, el cual funciona en la actualidad.
En la actualidad, las jubilaciones y pensiones están atadas al Índice de Precios al Consumidor medido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por lo tanto, los haberes aumentan en relación a la inflación del mes anterior. En septiembre, la jubilación mínima es de $234.540, que pasaría a sumar $304.540 con el bono fijo de $70.000 mensuales.