La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a la provincia de La Pampa el inicio del análisis de admisibilidad de la denuncia presentada por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto al río Atuel.
Ante la falta de respuesta tanto de parte de Mendoza como de la Corte Suprema (en hacer cumplir el fallo que exige un caudal mínimo de 3.2 m3/seg en territorio pampeano para recomponer el ambiente), el organismo internacional intervino para garantizar un derecho humano fundamental, un ambiente sano.
Un hecho histórico en esta lucha pampeana
La Fiscal de Estado, Romina Schmidt, quien también representa a la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, calificó la decisión como “un hecho histórico en la lucha por los derechos ambientales”.
La disputa por el caudal del río Atuel no es nueva, desde hace más de 35 años el Gobierno de La Pampa ha emprendido acciones legales contra Mendoza por la interrupción del curso natural del río, un hecho que ha causado una grave desertificación en el noroeste pampeano.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció el daño ambiental y, en 2020, dictó una sentencia que ordenaba a Mendoza garantizar un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s en el límite interprovincial.
Sin embargo, según Schmidt, «la inacción de Mendoza y la omisión de la Corte Suprema para hacer cumplir la sentencia han perpetuado la violación del derecho humano al ambiente«. Ante la falta de avances concretos, las autoridades pampeanas agotaron todas las instancias nacionales antes de recurrir al ámbito internacional.
La CIDH da prioridad al caso
El 15 de agosto de 2024, La Pampa presentó su denuncia ante la CIDH, fundamentada en la inactividad judicial y los impactos ambientales irreversibles en la región. «La presentación fue consensuada en el marco de la CIAI pampeana, con motivo de la inactividad de nuestro Máximo Tribunal de hacer cumplir su sentencia dictada el 16 de julio de 2020, donde se ordena a la provincia de Mendoza la entrega de un caudal hídrico interino, mínimo y permanente de 3,2 m3/s», detalló la fiscal.
El organismo internacional otorgó un tratamiento prioritario y en tiempo récord admitió la denuncia, trasladándola al Estado nacional.
“La resolución de la Comisión Interamericana en esta instancia resulta un hecho histórico de relevancia nacional e internacional en materia ambiental y un precedente inédito en el tiempo de su admisibilidad”, evaluó.
“El Estado tiene ahora un plazo de tres meses, prorrogable a cuatro, para presentar observaciones. Esto demuestra la gravedad de la situación y la urgencia de una respuesta efectiva a los daños ambientales que ya han sido ampliamente documentados y que afectan a la región”, explicó Schmidt. La Fiscal de Estado subrayó que el caso no solo afecta a La Pampa, sino que constituye una problemática ambiental que trasciende las fronteras provinciales y nacionales.
La CIDH reconoció la transversalidad del derecho humano al agua y su conexión directa con el derecho a un ambiente sano. Schmidt remarcó que la preservación del ambiente debe considerarse un fin en sí mismo y destacó que la soberanía hídrica es una prioridad irrenunciable para la Provincia.
“La CIDH envía un mensaje claro sobre la importancia de la protección ambiental a nivel internacional. Este avance es un precedente en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por la desertificación», afirmó.
Mientras el Estado nacional prepara su respuesta, las autoridades pampeanas, junto con la Fundación Chadileuvú, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Universidad Nacional de La Pampa, continúan trabajando en conjunto para lograr una solución definitiva.
“La lucha por el río Atuel no es solo una causa pampeana; es un llamado a proteger nuestros recursos hídricos y garantizar un futuro sostenible para todos. No abandonaremos esta batalla, que representa los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras”, concluyó Schmidt.