La docente Ana Contrera fue condenada por la Justicia Contravencional en un fallo que despertó la polémica por la particular situación que se trata de un hecho ocurrido dentro del aula, espacio donde hay múltiples actores que pueden intervenir.
Desde el gremio docente UTELPa expresaron no solo el apoyo a la docente sino también la preocupación por la intervención de la Justicia, exigiendo al Ministerio de Educación de La Pampa acciones inmediatas.
En principio, a través de un comunicado de prensa, el sindicato resalta la falta de implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación, algo que, según expresa «ha contribuido directamente a los perjuicios sufridos por la docente involucrada. Esta situación no solo afecta a la profesional, sino que establece un precedente alarmante para toda la comunidad educativa, exponiendo al sistema escolar a intromisiones indebidas que vulneran derechos laborales y pedagógicos. Garantizar marcos protectores es indispensable para evitar que estos episodios se repitan».
«La judicialización de conflictos educativos refleja la ausencia de aplicación de protocolos diseñados para resolver situaciones en el ámbito escolar, como la Guía Provincial de Intervenciones y el Estatuto del Trabajador de la Educación. Estas herramientas deben garantizar la autonomía de las instituciones y defender una educación pública libre de injerencias externas», agrega la comunicación.
En ese marco es que exige que el Ministerio de Educación «asuma su responsabilidad, fortalezca los espacios de escucha y acompañamiento, y proteja a las y los docentes frente a medidas arbitrarias que comprometan su estabilidad laboral y pedagógica».
Asimismo, se invitó a la comunidad a sumarse en defensa de una educación pública y democrática, «en un contexto donde los discursos de odio y los ataques a las y los trabajadores de la educación amenazan las garantías fundamentales para convivir en comunidad».
Finalmente, y junto a CTERA, «reafirmamos nuestro compromiso en la búsqueda de la absolución de la docente Ana Contreras y exigimos el fin de la intromisión judicial en las escuelas. Este mensaje es un respaldo claro y contundente a las y los trabajadores de la educación y un llamado firme a las autoridades ministeriales y al sistema judicial para que respeten los derechos educativos y democráticos que sostienen nuestro sistema educativo».