Se reunió la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Acuerdos de la Cámara de Diputados, donde se emitió dictamen favorable por mayoría (Frejupa, Comunidad Organizada), mientras que la minoría (UCR, PRO-MID) fijará posición en el recinto, para designar como juez de Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la segunda circunscripción judicial al abogado Carlos Miguel Ángel Aragones.
«Fui 22 años asesor de la Delegación de Relaciones Laborales de General Pico», expresó Aragones al iniciar su intervención. Además, recordó que ocupó el cargo de director de Relaciones Laborales en General Pico y, posteriormente, el de director general de Relaciones Laborales en Santa Rosa, durante el período 2003-2007.
Luego, regresó a la función de asesor letrado: «Consistía en asesorar a trabajadores y tomar audiencias de sus intereses», explicó. En 2015, concursó y obtuvo el cargo de secretario de primera instancia del fuero laboral.
«En 2019 concursé para el cargo en el Juzgado Laboral N° 2 en General Pico, también por nota gané el concurso, y los gobernadores en ese momento enviaron mis pliegos para ser juez de primera instancia», detalló el letrado.
En 2023, con motivo de la jubilación de un integrante de la Cámara de Apelaciones en lo Laboral de esa ciudad, se abrió el concurso para cubrir la vacante. «También lo gané en puntaje, va la terna y el gobernador actual me envía el pliego proponiéndome como candidato», concluyó.
En la ronda de preguntas, la legisladora Laura Trapaglia planteó inquietudes vinculadas a la estructura judicial en materia de familia, y consultó específicamente sobre la posibilidad de avanzar hacia un fuero especializado en segunda instancia, así como sobre la creación de un código procesal propio.
“Siempre es beneficioso un código procesal —respondió Aragones—, yo lo veo desde el punto de vista laboral: yo tengo una ley procesal especial. Y siempre, como son tanto en el derecho del trabajo como en el derecho de familia sujetos más vulnerables, es preferible tener una ley especial que trate el proceso, y una ley general como el código procesal y comercial que abarca todas las otras cuestiones. Es muy loable que se haga, y lo importante es que se cumpla”.
En esa línea, advirtió sobre las dificultades que suelen surgir en la implementación: “A veces se hacen leyes y después, cuando se baja a la práctica, por costumbre o porque los juzgados y los profesionales no las conocen bien, no se aplican. Estoy hablando de colegas o abogados que ejercen la profesión. Ojalá se pueda implementar eso, seguro que va a ser muy positivo”.
Respecto a la conformación de una Cámara específica para el fuero de familia en segunda instancia, Aragones coincidió en su necesidad, aunque advirtió sobre las limitaciones presupuestarias: “Lo hemos planteado varias veces. ¿A qué se reduce todo eso? A cuestiones de presupuesto. Porque así como seguramente familia sería muy beneficioso, laboral también lo sería. Porque la mirada generalista no es la misma que en materia específica”.
Posteriormente, la diputada Marcela Páez realizó una consulta sobre el proceso de mediación. En respuesta, Aragones destacó su vínculo directo con la práctica: “El tema recurrente se basa en quejas de abogados: que la mediación sirve, excepto para daño y perjuicio. Daño y perjuicio es una pérdida de tiempo y gasto de dinero», explicó.
Sin embargo, reconoció que en otras materias la herramienta resulta útil: “En familia y otro tipo de cosas, como un desalojo por alquiler… por ahí sí”, dijo.
Por último, respondió sobre su postura en cuanto al pago de ganancias por parte de jueces: «Se debería pagar, claro que sí», concluyó Aragones.
Más adelante, se emitió dictamen favorable por mayoría (Frejupa), mientras que la minoría uno (UCR-PRO-MID) fijará posición en el recinto y la minoría dos (Comunidad Organizada) rechazó la nota por la cual se remite el padrón de aspirantes a magistrados y funcionarios sustitutos del Poder Judicial.