El ministro de Desarrollo Social de La Pampa explicó a legisladores y legisladoras sobre el trabajo conjunto con estas organizaciones encargadas de trabajar con niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
La Comisión de Legislación Social y Salud Pública duró más de 4 horas, donde Diego Álvarez y representantes de a Asociación Rumén, Fundación Ayudándonos, Fundación Cosecha Completa, Fundación Wetrache y Asociación Civil Otto Krause, evacuaron dudas.
Actualmente hay un proyecto por el que se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para llevar a cabo una auditoría externa de los programas sociales que se aplican en niñez, discapacidad y personas mayores.
«Es productivo que tengamos esta oportunidad para poner blancos sobre oscuros, de despejar todo tipo de dudas sobre la política pública que llevamos a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social para nuestros niños y niñas, y que cada peso pensado y destinado para ellos llegue efectivamente a su destino», sostuvo el ministro.
Álvarez contextualizó el desarrollo de estos acuerdos recordando que «lo que se trabaja en el marco de estos convenios tiene que ver con situaciones de niños y niñas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Son los niños y niñas que el Estado ha tenido que retirar de sus ámbitos familiares mediante medidas excepcionales para garantizar su protección y promover un plan de restitución de derechos».
A partir del año 2006, explicó Álvarez, se comenzaron a firmar los primeros convenios con instituciones, en busca de profesionalizar la respuesta del Estado ante situaciones de mayor complejidad. «Este proceso se profundizó con la sanción de la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 2703, que establecen el sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes», indicó.
“En el marco del nuevo paradigma —continuó el ministro—, es indispensable trabajar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil». En ese sentido, destacó el rol de las cinco instituciones convocadas a la reunión, señalando que todas tienen una trayectoria previa a la firma de los convenios: “No se quedaron solamente con la firma; profundizaron sus actividades, su compromiso social y su vínculo con la comunidad”.
A su vez, valoró la articulación con el tercer sector como un eje clave de las políticas públicas en niñez: “Lo importante es contar con el acompañamiento de la sociedad civil organizada, ya sean fundaciones, instituciones o clubes. La normativa nos indica ampliar el sistema de protección integral fomentando y potenciando esa capacidad que hay en territorio”.
En la ronda de preguntas, la diputada Gisela Cuadrado, autora del proyecto en cuestión, solicitó precisiones al ministro en relación con los convenios firmados con determinadas instituciones dedicadas al alojamiento y atención de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. También aludió a los montos dispuestos en los convenios, que en algunos casos pasaron de 50 a 75 millones de pesos, e hizo hincapié en la necesidad de conocer cómo se definieron esos incrementos. Asimismo, pidió mayor claridad sobre las condiciones de las unidades regionales y sobre los criterios utilizados para seleccionar a las organizaciones que participan del programa.
En su respuesta, Álvarez intentó abordar los diferentes interrogantes planteados por la legisladora. En relación con el criterio de selección de las instituciones conveniadas, señaló: “Cuatro instituciones de las cinco que hoy están acompañándonos ya venían con convenios preexistentes, donde se venía con un trabajo desarrollado”.
En cuanto a la actualización de los montos de los convenios, explicó que la modificación responde al proceso inflacionario: “Tiene que ver con un fenómeno de la economía, que es la inflación. La estructura de costos a valor real siempre se sostuvo en el tiempo. Para el funcionamiento de un hogar, el costo salarial representa entre un 75 y un 80 % del total”.
Por último, subrayó el carácter excepcional de las medidas de institucionalización: “En la provincia hay intervención activa en 8.000 situaciones de vulneración de derechos, y el año pasado solo se tomaron 36 medidas de protección excepcional. La excepcionalidad está claramente presente”.