La medida se dio por Decreto, limita el derecho a huelga y obliga a garantizar el 75% del funcionamiento en las escuelas en caso de paro.
A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 340/2025), el Gobierno nacional amplió el listado de actividades consideradas «esenciales», incluyendo por primera vez al sistema educativo, y estableció nuevas restricciones al ejercicio del derecho a huelga. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, obliga a garantizar un funcionamiento mínimo del 50 al 75% de los servicios, incluso en situaciones de conflicto laboral.
La norma modifica el régimen vigente hasta el momento, que consideraba como esenciales únicamente a servicios sanitarios, la provisión de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. A partir de ahora, se suman sectores estratégicos como las telecomunicaciones, el transporte marítimo y fluvial, los servicios portuarios, las operaciones aduaneras, y la educación en niveles inicial, primario, secundario y especial, entre otros.
Según el artículo 3 del decreto, “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las garantías de prestación de servicios mínimos”. El texto especifica que en el caso de los servicios esenciales, la cobertura mínima durante una huelga no podrá ser menor al 75%, mientras que en los servicios de “importancia trascendental”, ese piso será del 50%.
Esto implica que, por primera vez, las instituciones educativas de niveles obligatorios deberán mantener al menos la mitad de su funcionamiento habitual, aún durante medidas de fuerza gremiales.
Desde el oficialismo, la decisión se enmarca en una política más amplia de desregulación de sectores estratégicos, especialmente en el ámbito de la marina mercante. Por eso, el decreto también cuenta con la firma del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y de otros ocho ministros del gabinete.
Sin embargo, la medida generó críticas en sectores gremiales y del derecho laboral. El abogado laboralista Matías Cremonte, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, expresó su rechazo en redes sociales. “Se prohíbe hacer huelgas”, sostuvo el exasesor del gremio estatal ATE, y añadió que, hasta ahora, la legislación argentina —en línea con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— solo consideraba esenciales a los servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. “Tiene una finalidad concreta, que no es prohibir la huelga”, advirtió.
La nueva categorización de la educación como servicio esencial genera un antecedente inédito y podría impactar de manera directa en futuras negociaciones paritarias del sector docente, tanto a nivel nacional como provincial.
Fuente: Código Docente