Luego de conocerse la sentencia a 6 años de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que la baja de su candidatura a legisladora en provincia de Buenos Aires, militantes harán un acto, al que denominaron «en defensa de la democracia».
A través de un comunicado de prensa, que circuló en redes sociales, informaron que este miércoles, desde las 17:30 en Plaza San Martín, de la ciudad de General Pico, se concentrarán para expresar el rechazo a esta situación.
Convocatoria
«Militantes peronistas realizarán un acto En defensa de la democracia, frente a los hechos que en este día (por ayer) conmocionan a toda la ciudadanía y comportan un jaqueo directo y sin sutilezas a la endeble democracia actual: la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, en su actual carácter de presidenta del Partido Justicialista Nacional, líder de la fuerza opositora mayoritaria.
El fallo, emitido por la CSJN, que ratifica la condena a la ex presidenta y vice presidenta de la Nación, conocido en la tarde de ayer fue pre-anunciado y exigido desde ciertos estrados mediáticos durante toda la semana previa, en un acto de clara y absoluta connivencia entre ciertos sectores históricamente opositores a la conductora nacional del PJ.
Creemos fundamental, cómo ciudadanas-os y militantes peronistas denunciar ante el pueblo piquense, pampeano y argentino que esta acción judicial constituye uno de los hechos más graves y vergonzosos desde el regreso de la democracia en 1983.
Dicha sentencia selló de antemano un proceso que, no debiendo tener lugar, estuvo completamente viciado desde su inicio mismo. No constituye una condena. Es una venganza del poder.
No hay prueba. No hay justicia. Con toda claridad jurídica: no existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner. No hay prueba directa, ni indirecta. No hay dolo, no hay beneficio personal, no hay participación alguna. Ni siquiera hay una descripción clara del hecho punible.
La sentencia se basa en conjeturas, inferencias y un relato armado fuera del expediente. Es una construcción artificial que ignora el principio de legalidad y viola de manera flagrante todas las garantías del debido proceso.
Cristina no fue juzgada: fue condenada por anticipado por un tribunal que actuó sin independencia ni imparcialidad, en obediencia a una matriz de persecución que excede lo judicial y que responde a un objetivo político: proscribirla.
Estamos ante una condena incompatible con el Estado de Derecho. Hemos asistido a un proceso que vulnera los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
El Poder Judicial ha actuado como un engranaje más de la maquinaria de disciplinamiento político. Este fallo no resiste el más mínimo control de constitucionalidad ni de convencionalidad. No tiene legitimidad jurídica ni moral.
Cuando el poder judicial deja de proteger a las y los ciudadanos de a pie para servir al poder (particularmente al poder económico) lo que está en juego no es solo la libertad de una persona: es la salud misma de la democracia.
Reafirmamos nuestra denuncia de la feroz persecución política disfrazada de legalidad contra la dirigente máxima del PJ nacional.
Convocamos a la comunidad toda, a las autoridades locales y provinciales del Partido Justicialista, a los medios de comunicación locales y zonales y a dirigentes de otras fuerzas político partidarias a reivindicar la democracia y a denunciar al lawfare que no es ni más ni menos que el nuevo modo de golpear al Estado de Derecho, a sus instituciones y la organización republicana», sostiene la convocatoria.