Desde el 9 de enero de 2026, los diputados patagónicos de Unión por la Patria exigen al Gobierno nacional el tratamiento urgente de la Ley de Emergencia Ígnea, para enfrentar los incendios forestales que están devastando la región.
En ese marco, «presentamos un proyecto que propone declarar la emergencia ambiental, social y económica en provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, habilitando el acceso a fondos extraordinarios, el refuerzo inmediato de medios aéreos, la provisión de equipamiento adecuado y una coordinación federal efectiva para combatir el fuego y asistir a las poblaciones afectadas», comunicaron desde el Bloque.
Por ello, el pasado 20 de enero se presentó en el Congreso un Proyecto de Ley de Emergencia con medidas concretas y de aplicación inmediata frente a catástrofes socioambientales, que establece la creación de fondos especiales, la reasignación urgente de partidas presupuestarias, el refuerzo automático de las prestaciones sociales y previsionales, la asistencia directa a las familias damnificadas, el alivio fiscal para las economías locales y una articulación federal obligatoria entre Nación, provincias y municipios.
«Ese esquema legislativo demuestra que existen herramientas reales y viables para actuar con rapidez ante emergencias de esta magnitud; lo que falta no es capacidad normativa ni técnica, sino decisión política», consideraron desde Unión por la Patria.
«A pesar de estas demandas reiteradas y del drama evidente que atraviesa la región —con más de 230.000 hectáreas quemadas en los últimos meses (más de 168.000 en La Pampa, 45.000 en Chubut, 10.000 en Río Negro, 6.000 en Neuquén y 700 en Santa Cruz)— el gobierno nacional ha mostrado una indecisión flagrante y una clara priorización de otros temas. Mientras la Patagonia arde en medio de la peor sequía en décadas, el oficialismo ha enfocado las sesiones extraordinarias en cuestiones como la baja de la edad de imputabilidad, ignorando el reclamo urgente del sur del país», agrega la comunicación oficial.
Esta pasividad se ve agravada por los recortes presupuestarios. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego recibió en el Presupuesto 2026 apenas $20.131 millones, lo que representa una caída interanual del 53,6%, dejando al descubierto un abandono sistemático de la política de prevención y combate de incendios y una desprotección evidente de las provincias patagónicas.
Acompañamiento al pedido de los gobernadores patagónicos
«Acompañamos el pedido de los gobernadores patagónicos al Gobierno nacional, como lo venimos haciendo desde el inicio de los incendios. Hoy, 27 de enero de 2026, los gobernadores de la región se reunieron en una cumbre virtual y elevaron un pedido formal al Congreso y al Poder Ejecutivo nacional para que la Ley de Emergencia Ígnea sea tratada con urgencia durante las sesiones extraordinarias de febrero. En un mensaje conjunto difundido públicamente, señalaron que la magnitud de la crisis supera largamente las capacidades provinciales y requiere herramientas excepcionales, como las que se activaron recientemente en Chile y en Estados Unidos frente a emergencias similares.
El fuego no reconoce límites provinciales ni partidarios, y la Patagonia no puede seguir siendo un territorio relegado. Este reclamo unificado de gobernadores y diputados pone en evidencia la necesidad imperiosa de una acción federal inmediata: destrabar recursos, fortalecer la respuesta operativa y planificar la recuperación ambiental, productiva y social de las comunidades damnificadas. Existen proyectos presentados, antecedentes legislativos y herramientas disponibles. Es hora de que el gobierno nacional deje de lado su indiferencia y responda con la urgencia que la Patagonia exige. La región no aguanta más promesas vacías ni la negligencia del gobierno de Milei», concluyó.
