La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lanzó un operativo sobre más de 150 frigoríficos (de los más grandes) del país, oportunidad en la que se detectaron serias irregularidades vinculadas a falsas facturaciones, sobrefacturaciones, operaciones en negro, entre otras, cosas que en definitiva terminan afectando el bolsillo del consumidor.
De acuerdo a un informe publicado en Página 12: «Este estado de irregularidades extendido podría ser la punta del ovillo para llegar a la raíz de los abusos y descontrol en materia de precios con los que funciona el mercado de las carnes en Argentina. El intento de acuerdo del gobierno con el principal consorcio de frigoríficos exportadores quedó estancado el jueves a la noche ante la negativa de este núcleo empresario a ampliar la oferta de carne a precios accesibles al mercado interno. Mientras tanto, las exportaciones de carne vacuna siguen suspendidas, aunque con excepciones a favor de algunos países con los que existen contratos especiales, como la Unión Europea (cuota Hilton), Estados Unidos y Colombia».
Como resultado de las tareas de control ejecutadas hasta el momento, la DGI detectó «maniobras de subfacturación de compras, utilización de facturas apócrifas y operaciones no declaradas, entre otras irregularidades» por parte del 90 por ciento de los frigoríficos inspeccionados.
Una de las formas en que se desarrolla el comercio de carnes, usualmente de manera informal, es el de la comparaventa de matarifes. Es decir, operadores que compran la hacienda, en remates o directamente al productor, llevan los animales hasta un establecimiento industrial de propiedad de terceros y allí faenan. Luego destinan la carne ya faenada, en medias reses, a su distribución en carnicerías.
«El negocio de las carnes se mueve desde hace años con demasiadas operaciones en las sombras. Pero esta situación adquirió un tinte más dramático por la disparada del precio de la hacienda, ya desde antes de mitad del año pasado, y su proyección sobre el precio en el comercio minorista. Algunas experiencias de venta directa por canales no tradicionales, como la realizada por organizaciones de la economía popular (Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT), o con gestión directa de organismos públicos (Municipio de Castelli) demuestran la posibilidad de llegar al público con precios entre 40 y 60% más barato en cortes populares. Los intentos del gobierno nacional por alcanzar un acuerdo con los grandes actores del negocio resultaron hasta ahora infructuosos. Y tal vez, una buena explicación para ello sea la madeja de intereses ocultos en este negocio, que la investigación de la AFIP está empezando a revelar».
Fuente de la información: Página12
