Claro está que se trata de un derecho y que los mal denominados «cargos hereditarios» solo garantizan la continuidad de que una familia continúe con un ingreso ante la pérdida de un familiar.
Así, desde APEL (Asociación de Empleados Legislativos) se envió una carta abierta a los medios de comunicación compartieron la preocupación que se ha generado en toda la Administración Pública ante la intención de alguna/os diputadas/os de derogar el Artículo 31 de la Ley 643, que posibilita en caso de fallecimiento del trabajador/a al conyugue supérstite o uno de los hijos/hijas a acceder a un cargo de la última categoría del escalafón.
Ante ello: «Es que solicitamos la posibilidad de rever los correspondientes anteproyectos y analizar con mayor profundidad los profundos efectos negativos que los mismos ocasionarían a un hogar que cuente con la desgracia de perder a uno de sus integrantes, sostén de familia, en algunos casos el único», expresa la nota firmada por el secretario de APEL, Mario Fernández.
«Incontables son los antecedentes donde esta posibilidad de acceder al cargo ha sido la única forma de no quedar en el desamparo o indigencia, posibilidad para madres que han quedado solas con niños aún pequeños o la de jóvenes que han quedado al cuidado de sus hermanitos», continúa la explicación brindada a la sociedad.
«En ocasiones de haber tenido la lamentable pérdida de compañeras/os entrañables, y como familia que somos, hemos acogido a aquellas esposas, hijos/as que llegaron con el dolor en su alma a ocupar un poquito de ese vacío que nos dejaron sus compañeros de vida, sus mamás o sus papás. Es así como entre todos hemos contribuido a sostenerlos y a que aprendan las funciones que se les adjudicaran», prosigue la carta abierta.
«Hoy en día muchos de ellos ocupan lugares de fundamental importancia en la casa, llegando a ser un trabajador/a de carrera que contribuye al buen desempeño de funcionarios y diputadas/os jóvenes o con escasa experiencia», agrega la comunicación.
A modo de cierre, el secretario expresa: «Consideramos o queremos creer que la intencionalidad del proyecto es terminar con el nepotismo, con el que podemos todos estar de acuerdo, pero esta no es potestad de los y las trabajadores/as sino de quienes se encuentran en posición de poder y de toma de decisiones. Así mismo, convocamos a todos/as los compañeros y compañeras estatales a que se pronuncien en contra de este doloso proyecto que tanto perjuicio puede traernos en épocas de quita de derechos y ataque sistemático del poder hacia los sectores más vulnerables».