Luego de la sanción de las modificaciones en la Ley de Glaciares, esta mañana, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno se brindaron detalles sobre la presentación de un Amparo Colectivo Ambiental.
La jornada estuvo encabezada por el gobernador, Sergio Ziliotto, quien estuvo acompañado por el vicepresidente primero de la Legislatura, Hernán Pérez Araujo, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, e integrantes de organizaciones intermedias que a lo largo de los años han hecho una defensa histórica de los recursos hídricos en nuestra provincia.
El gobernador brindó la bienvenida e informó que se presentará éste Amparo colectivo ante el Juzgado Federal en la ciudad de Santa Rosa. Considerando la inconstitucional y nulidad absoluta de la Ley, no dudó en que lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional, en Convenciones Internacionales y en principio de no regresión que consagra el Acuerdo de Escazú.
«Sin dudas que ésta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes, sin distinción de ningún tipo. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua, va a perjudicar el ambiente y en ese sentido va mucho más allá de una presentación judicial, y va mucho más allá de quienes hemos firmado ésta acción de Amparo, estamos defendiendo a todos y a cada uno de los pampeanos. La causa por los ríos pampeanos es una causa que no está atravesada por ninguna grieta», sostuvo el gobernador.
Mostrando los antecedentes que tiene La Pampa, Sergio Ziliotto explicó que si bien aquí no hay glaciares, sí depende del único río que hoy corre por la provincia (el Colorado), que es de origen glaciar, al igual que los dos que ya no corren y que son muestra de la supuesta escasez de agua que plantea Mendoza para que no retorne el Atuel.
«A partir de ésta ley va a haber menos agua», sentenció el mandatario, quien destacó la lucha histórica por defender el río Colorado, que abastece a poblaciones donde está el 45% de los pampeanos, y con una proyección de abastecer a 2/3 de la población con agua potable.
En tanto, la fiscal de Estado, Romina Schmidt, brindó detalles técnicos de la presentación, que tiene como apoderado al Dr. Andrés Gil Domínguez, se pide la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad de la ley sancionada durante la madrugada; y solicita una medida cautelar para que se dicte la inmediata inaplicabilidad de la ley.
