La Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el ámbito de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia analizó la respuesta remitida por el Poder Ejecutivo Provincial respecto al accionar sobre un caso que generó repercusión y posturas encontradas por la adopción de un bebé.
Las integrantes resolvieron continuar con la investigación, efectuando requerimientos de información y documentación en forma individual, específica y determinada a los organismos provinciales competentes.
En su contestación al gobernador Sergio Ziliotto, la Comisión señaló que varias de las consideraciones formuladas por el Poder Ejecutivo resultan reiterativas respecto de límites que la propia Comisión ya había establecido expresamente: no es objeto de esta investigación analizar, revisar ni emitir juicio alguno sobre el mérito, acierto o conveniencia de decisiones del Poder Judicial, ni acceder a expedientes judiciales o información sometida a reserva.
Asimismo, la Comisión ratificó que su investigación se encuentra circunscripta a la actuación administrativa, funcional e institucional de los organismos provinciales, incluyendo procedimientos, actos administrativos, intervención de equipos técnicos, protocolos, comunicaciones, mecanismos de coordinación y demás actuaciones comprendidas dentro de las competencias de la Administración.
En la respuesta también se dejó establecido que, en un Estado de Derecho y bajo el sistema republicano de gobierno, el ejercicio del poder público se encuentra sujeto a límites y controles recíprocos, y que corresponde al Poder Legislativo ejercer, dentro de sus competencias, el control y fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo y verificar que su actuación se ajuste a la Constitución y las leyes. La Comisión remarcó que esta función de control no constituye una intromisión en las competencias del Ejecutivo, sino el ejercicio de una atribución propia del sistema republicano.
Requerimientos específicos a tres ministerios
En consecuencia, y atendiendo también a las observaciones formuladas por el propio Poder Ejecutivo respecto de la individualización de la información requerida, la Comisión resolvió dirigir pedidos separados a los Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud, delimitando en cada caso la información solicitada de acuerdo con las competencias de cada organismo.
Dichos requerimientos establecen un plazo de cinco días hábiles, contemplándose que, si la naturaleza o volumen de la documentación exige un plazo mayor, el organismo lo comunique a la Comisión indicando las razones y el tiempo estimado para completar la respuesta.
En el día de mañana la Comisión contará con la presencia de las abogadas del caso objeto de investigación.
Asimismo, continuará avanzando en la investigación dentro de las facultades que le fueron conferidas, con respeto por las competencias de los demás poderes del Estado y con el debido resguardo de los derechos e identidad de niñas, niños y adolescentes involucrados.
