La Organización de las Naciones Unidas, elaboró un reporte a través del Alto Comisionado del organismo internacional para los Derechos Humanos (Acnudh), a cargo de la exprsidenta chilena Michelle Bachelet. Contiene más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades.
La publicación se hizo ayer y documenta «asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias» cometidos en Bolivia en medio de la crisis desatada tras las elecciones de octubre pasado que ganara Evo Morales y luego fueron anuladas bajo sospechas de fraude, situación que derivó en la renuncia del entonces presidente, quién a su vez denunció que fue víctima de un golpe de Estado.
Al menos 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas. «Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud», afirmó un comunicado de la oficina de Bachelet.
«En otros cuatro casos las personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes, mientras que para los seis casos restantes no se pudo determinar el origen seguro del deceso», continuó la explicación.
Entre los hechos más graves figura el asesinato de nueve personas en manifestaciones en Sacaba, Cochabamba, y de 10 en Senkatae, en El Alto, al lado de La Paz, de los que pasaron nueve meses y alrededor de los cuales todavía reina la impunidad, lamentó Bachelet.
«Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe», señaló.
Otras violaciones documentadas incluyen la detención arbitraria de 28 personas en El Alto el 11 de noviembre de 2019, sometidas a torturas y otras formas de malos tratos por parte de la policía.
Asimismo, el personal del Acnudh pudo observar a funcionarios públicos y particulares haciendo uso de un lenguaje violento e incendiario, así como violencia verbal y física contra indígenas, evidenciando «un racismo profundamente arraigado».
Otro motivo de preocupación destacado en el informe es la forma en que funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial.
Ello «pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano, y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso», remarcó el comunicado.
También hubo 94 casos en los que se agredió a periodistas, y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo de Bolivia sufrieron amenazas y ataques.